Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el oficialismo convocó a sesión el 14

El oficialismo convocó a debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada para salvar el DNU 70/23.

El Gobierno y sus aliados evaluaron restituir mediante esa iniciativa las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, luego del fallo de la Corte y ante la presión de la oposición para derogar todo el megadecreto fundacional de Milei en la Cámara de Diputados.

El oficialismo convocó a debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, en un intento por salvar el DNU 70/23, que la oposición busca derogar, luego del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Tierras.

La sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General está convocada para las 16 del día miércoles 14 Sala 1 - Anexo "A"

La Libertad Avanza y sus aliados evaluaron la alternativa de restituir las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros mediante esa iniciativa que, durante su tratamiento en el Senado, había perdido ese capítulo por la fuerte campaña social y presión de la calle, en medio del clima mundialista.

La Ley de Tierras fue derogada por medio del DNU 70/23 -fundacional de la gestión de Javier Milei y que instauró numerosas desregulaciones-, pero un fallo de la Justicia había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto y, por eso, seguía vigente. Sin embargo, el Gobierno intentó avanzar con una reforma sustancial de esa norma mediante el proyecto de inviolabilidad, pero el rechazo masivo y la falta de votos se lo impidieron.

Dos meses después de eso, la Corte Suprema de Justicia provocó un cimbronazo con una resolución en contra del CECIM La Plata -organización de excombatientes de Malvinas-, al sostener que carecían de "legitimidad procesal" para presentar el reclamo y revocó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

La medida fue duramente cuestionada, tanto que el máximo tribunal salió con una "aclaratoria" el día posterior. Tras el llamado a conjueces, se aguarda por una nueva definición en torno a otra demanda contra el artículo 154 del DNU 70, iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

Cuando se conoció el fallo, la oposición más dura reaccionó rápido y llamó a derogar definitivamente el mega DNU, que cuenta con el rechazo del Senado desde marzo de 2024, pero en Diputados nunca se trató por falta de votos.

La convocatoria al plenario es para el próximo miércoles, a las 16, un día antes de la sesión promovida por la oposición, que también incluye los temas de endeudamiento familiar y discapacidad.

Complicada la oposición con los números para el quórum, y dependiendo una vez más de legisladores que responden a ciertos gobernadores, el oficialismo busca así que esos mismos no bajen al recinto.

Durante una reunión realizada en la Presidencia de la Cámara baja este martes, los aliados reclamaron a LLA por una solución "rápida" en torno al tema. Aunque también se verá cómo mueve la Corte y qué escenario se presenta en la antesala del plenario citado por el oficialismo y la sesión solicitada por la oposición, adelanta Parlamentario.

El Gobierno llevó a la Corte la reforma laboral con un “per saltum” para frenar su suspensión.

Además del capítulo de reforma de la Ley de Tierras, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado perdió la modificación a la Ley de Manejo del Fuego y, muy tempranamente, el capítulo sobre el Registro de Barrios Populares. La iniciativa tuvo un tratamiento complicado, con casi una veintena de cambios sobre el dictamen y postergaciones en el recinto.

El texto que fue girado a Diputados a principios de agosto y, desde ese momento había permanecido cajoneado, contiene modificaciones en torno a habilitar desalojos exprés, flexibilizar expropiaciones y una modernización de la Ley de Registro de Propiedad Inmueble.

La Ley 26.737 del año 2011 prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Originalmente, en el proyecto de inviolabilidad, el Gobierno propuso eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de foráneos, lo que despertó el enorme rechazo.

Dos días antes de la sesión en el Senado, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, anunció que incluirían un tope del 25% (en un giro de 180 grados), pero no alcanzó para salvar el capítulo y finalmente se sacó. Si eventualmente avanzara en Diputados una incorporación del tema, el texto debería volver a la Cámara alta.