La Asociación Gremial del Magisterio de entre Ríos (Agmer) se declaró en “estado de alerta permanente” por la intervención de Iosper, medida que fue anunciada este miércoles por el gobernador Rogelio Frigerio, y advirtió que “si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”. Aseguran que la obra social de la provincia se desfinanció por la devaluación y la caída de salarios.
Agmer y CTA rechazaron la intervención de Iosper
Agmer se declaró en asamblea permanente por la intervención de Iosper. CTA afirma que la obra social no es ajena a la crisis del sistema de salud del país
En conferencia de prensa el gobernador argumentó que la medida “busca estabilizar financiera y funcionalmente al Iosper, que registra un déficit de 2.000 millones de pesos mensuales y retrasos en prestaciones y pagos. Será por seis meses y se realizará una doble auditoría”.
Tras el anuncio desde la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sostuvieron que el sindicato integra el directorio del Iosper a través de directores elegidos democráticamente. “Las trabajadoras y trabajadores entrerrianos venimos terminando un año muy conflictivo. Las negociaciones salariales provinciales estuvieron dominadas por ofrecimientos de montos en negro y por debajo de la inflación”, sostuvieron.
“Los anuncios esgrimidos por las autoridades políticas no mencionan el ajuste feroz implementado por el gobierno nacional y provincial que castigó los salarios empobrecidos de los trabajadores y las trabajadoras entrerrianas. Dicha embestida comenzó con una devaluación de más del 120% de nuestra moneda que redujo en la práctica no menos de un 20% del poder adquisitivo de nuestros salarios. Tanto 'los montos en negro' como 'los salarios a la baja' desfinanciaron la obra social”.
“Dicha devaluación a la cual se le sumó la inflación, dispararon exponencialmente el costo de medicamentos y prestaciones que en muchos casos están dolarizadas”.
“Nuestra obra social ha venido batallando en contra de corporativas que imprimen su máxima presión sobre uno de los lugares más sensibles para la clase trabajadora. A pesar de todos los inconvenientes económicos, nuestra obra social culminó el año 2023 con superávit y actualmente con todos los convenios firmados en total cumplimiento y con aranceles actualizados”, indicaron.
“La ley de creación de Iosper prevé desde 1973 la participación en el Directorio de un representante del gobierno de turno y los mecanismos de auditorías. Iosper tiene más de 300.000 afiliadas y afiliados. Los mecanismos de control están previstos desde siempre. Si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”.
CTA expresó su rechazo a la intervención
Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresó su rechazo a la intervención de la obra social a través de un comunicado en el que consideró la medida “intempestiva y unilateral”. También se indicó que "hasta fines de 2023 el Iosper presentaba una situación de superávit".
El comunicado
“Desde CTA expresamos nuestro rechazo a la intervención del Iosper que dispuso el gobernador Frigerio, que constituye un atropello a los estatales entrerrianos que eligieron sus autoridades para conducir la obra social. Esta medida intempestiva y unilateral no responde a ningún justificativo de transparencia u optimización de los servicios, sino que es lisa y llanamente un camino al ajuste”.
“La situación del Iosper no es ajena a la crisis estructural del sistema de salud y de las obras sociales en todo el país que arrastra varios años y que se vió agravada dramáticamente por las medidas del gobierno nacional a las que Frigerio ha acompañado incondicionalmente”.
“A su vez, el ajuste sobre los salarios estatales y los “montos en negro” han desfinanciado la obra social y complicado una frágil situación. No obstante, hasta fines de 2023 Iosper presentaba una situación de superávit”.
“Si lo que interesa es la salud de los estatales de la provincia, el gobierno debería cumplir y normalizar los aportes patronales y fundamentalmente respetar la ley y la institucionalidad de la obra social”.