Voluntariado social en Entre Ríos: un proyecto de ley propone reconocer la experiencia solidaria

El trabajo voluntario que miles de personas realizan en clubes, asociaciones civiles, instituciones educativas y organizaciones sociales podría tener un reconocimiento formal en Entre Ríos. Esa es la propuesta central de un proyecto de ley de Voluntariado Social presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados provincial por el legislador Jorge Maier, que apunta a registrar, acreditar y poner en valor las actividades solidarias desarrolladas en el ámbito de la sociedad civil.

La iniciativa parte de una premisa: el voluntariado no solamente representa una contribución a la comunidad, sino que también constituye una experiencia de formación en la que se adquieren conocimientos, responsabilidades y capacidades que pueden resultar valiosas en distintos ámbitos, incluido el laboral. “Queremos reconocer y poner en valor a las personas que voluntariamente dedican su tiempo, sus conocimientos y su esfuerzo a ayudar a otros y a trabajar por su comunidad”, explicó a UNO Maier al referirse al objetivo de la propuesta.

En ese sentido, el legislador señaló que en Entre Ríos existe una amplia variedad de organizaciones en las que se desarrollan tareas voluntarias, desde espacios deportivos y culturales hasta instituciones educativas, ambientales, sociales y asistenciales. Sin embargo, muchas veces esa participación no queda registrada formalmente ni cuenta con mecanismos que permitan acreditar la experiencia adquirida.

Alcances del proyecto

El proyecto contempla tres herramientas principales. La primera es la creación de un Registro Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil con Voluntariado Social, que permitirá identificar a las entidades que trabajan con voluntarios, registrar las altas y bajas de sus integrantes y validar los certificados que acrediten las actividades realizadas.

El segundo punto establece la instrumentación de un Acuerdo Básico Común entre cada organización y la persona voluntaria. Se trata de un documento que deberá especificar las tareas que se desarrollarán, el tiempo de dedicación, las responsabilidades de las partes y las condiciones en las que se llevará adelante la actividad.

La tercera propuesta, y una de las particularidades de la iniciativa, es que la experiencia de voluntariado debidamente acreditada sea considerada como antecedente de valoración obligatoria en los concursos destinados a cubrir vacantes en el Estado provincial, de acuerdo con el régimen de selección que corresponda.

Maier aclaró que esto no significa otorgar cargos públicos a quienes hayan participado de organizaciones sociales ni garantizarles el ingreso a la administración. “Se trata de reconocer una experiencia en los concursos, dentro de las reglas correspondientes”, sostuvo.

La distinción resulta central para comprender el alcance del proyecto: el voluntariado continuaría siendo una actividad libre, solidaria y sin fines de lucro, sin convertirse en una relación laboral ni reemplazar puestos de trabajo remunerados. Lo que se busca es que el recorrido de quienes participan de estas iniciativas pueda documentarse y ser tenido en cuenta cuando corresponda.

El diputado Jorge Maier es el autor del proyecto.

Experiencia y formación

Entre los fundamentos de la propuesta se destaca que las actividades voluntarias permiten desarrollar habilidades que no necesariamente se adquieren en espacios de formación tradicionales. El trabajo en equipo, la organización, la comunicación, la responsabilidad, la resolución de problemas y la capacidad para relacionarse con distintas realidades sociales son algunas de las competencias que pueden fortalecerse a través de estas experiencias. “Una persona que participa de manera voluntaria aprende a trabajar en equipo, asumir responsabilidades, organizar actividades, resolver problemas, relacionarse con otras personas, y conocer distintas realidades sociales”, expresó el diputado, destacando la práctica de la empatía y la solidaridad en este proceso.

El legislador también vinculó esta perspectiva con las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo, en un contexto de avance de la inteligencia artificial y la automatización. En ese escenario, consideró que las capacidades humanas adquieren una relevancia creciente. “En un mundo donde la tecnología avanza, las capacidades humanas adquieren cada vez más valor”, es una de las ideas que sintetizan los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto alcanza actividades de interés general y bien común en diferentes ámbitos: sociales, asistenciales, educativos, culturales, deportivos, científicos, sanitarios, ambientales y cívicos, entre otros. De esta manera, no limita el reconocimiento a una modalidad específica de participación, sino que contempla el trabajo solidario organizado que llevan adelante las entidades de la sociedad civil.

Un marco provincial

La propuesta toma como referencia la Ley Nacional 25.855, sancionada en 2003, que establece el marco regulatorio del voluntariado social en Argentina. Esa normativa reconoce la actividad como una forma de participación solidaria y contempla derechos, obligaciones y condiciones tanto para quienes realizan tareas voluntarias como para las organizaciones que los reciben.

Entre otros aspectos, establece la necesidad de un acuerdo previo entre las partes, además de contemplar cuestiones vinculadas con la capacitación, el trato respetuoso y la cobertura frente a determinados riesgos derivados de la actividad.

En ese marco, la iniciativa de Maier busca avanzar con instrumentos específicos para Entre Ríos, particularmente en lo referido al registro de las organizaciones, la acreditación de las tareas y el reconocimiento de esa experiencia dentro de los procesos de selección del Estado provincial.

“Muchas personas dedican años a trabajar voluntariamente en una organización y adquieren conocimientos, responsabilidades y herramientas que después no quedan registradas formalmente. Queremos que eso pueda acreditarse”, planteó el diputado.

Además del reconocimiento individual, la propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que cumplen un papel relevante en la vida comunitaria a través de actividades que, en muchos casos, se sostienen con el compromiso y la dedicación de sus integrantes.

Así, el proyecto propone incorporar una dimensión formal a una actividad que habitualmente se desarrolla desde el compromiso personal y colectivo: que el tiempo dedicado a los demás también pueda traducirse en una experiencia reconocida y acreditada.